España se desliza hacia un laberinto de normas que fragmenta el mercado en 17 ó 19 bloques independientes a los que las empresas han de adaptar cada uno de sus productos, con un brutal aumento de costes. Las máquinas recreativas con premio, las populares tragaperras, ya disfrutan de ese panorama.
El sector del juego ha sido tradicionalmente uno de los que ha sufrido una mayor presión impositiva. A ello se ha unido, además, que las competencias en la materia se transfirieron a las Comunidades Autónomas y cada una de ellas, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han desarrollado su propia legislación al respecto.
